Enero 2012

Los trabajadores pagamos doble

Para analizar la cuestión del impacto en la población de la quita de subsidios anunciada por el Gobierno Nacional, hay que advertir que el análisis no debe hacerse sobre los elementos que son mencionados por los altos funcionarios, ni por los medios de desinformación masiva, sino que hay que indagar cuánta información no es hecha pública en estos anuncios.

El ministro de Planificación, Julio de Vido, realizó junto al ministro/vicepresidente Amado Boudou el anuncio del “recorte de subsidio a empresas y sectores pudientes” alegando criterios de equidad. Sin embargo, los subsidios que se recortan ascienden a una cifra aproximada de $ 3.900 millones anuales, mientras que el total de subsidios corrientes otorgados por el Estado Nacional ascendía a fines de 2010 a una cifra superior a los $ 100.000  millones anuales, estimándose que a fines de 2011 ascenderá a más de $ 120.000 millones . El “recorte” representa un 3,25 %, de lo que se destinó a subsidios durante 2011.

Todos los subsidios otorgados por el estado benefician de manera directa o indirecta a las grandes empresas, inclusive los que se presentan como subsidios a los consumidores de servicios tales como el gas natural, la luz y el agua.

El origen de la política de subsidios estatales: “EL ESQUEMA REDISTRIBUTIVO”.

La política de subsidiar a sectores de la producción y servicios públicos tiene su origen en la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003.

En principio, tuvo el propósito manifiesto de “…ayudar a la industrialización del país e incentivar el crecimiento luego de la crisis bancaria de 2001…”[1]. Sin embargo, el pasado 2 de noviembre, el primer anuncio de quitas de subsidios fue: “…una quita de 100 por ciento en los subsidios para el sector de bancos, financieras, seguros y anexos, juegos de azar, aeropuertos internacionales (Aeroparque y Ezeiza), terminales de puertos fluviales y de pasajeros, empresas de telefonía móvil y actividades extractivas de hidrocarburos, minería y derivados…”[2], que representa aproximadamente $600 millones.

Al anunciar la quita en este caso que corresponde a los subsidios otorgados a estas empresas al consumo de agua, gas y electricidad, omitieron anunciar que: NO hay ninguna quita en los subsidios que reciben de manera directa en otros conceptos. Por lo tanto estas empresas siguen siendo subsidiadas.

El fin de la convertibilidad cambiaria (2001) implicó que las grandes empresas, la mayoría de ellas otrora estatales y luego privatizadas o de gestión mixta, mayoritariamente prestadoras de servicios públicos como agua corriente, electricidad, gas natural, telefonía, transporte, y también las empresas financieras, reclamaran, ya que “dejaban de ganar” un dólar por cada peso que embolsaban. Dada esta situación, el gobierno nacional sostuvo la necesidad del fin de la paridad cambiaria y ofreció a cambio establecer una política de subsidios que garantizaría las altas tasas de  ganancias de estas empresas y a la vez que evitara, mientras pueda, la transferencia abrupta de lo que las empresas “dejaban de ganar” a las tarifas de los servicios públicos. Por lo tanto se trató de tarifazos encubiertos, pues los subsidios salen de las reservas del estado, las cuales las generamos los trabajadores. Esos tarifazos encubiertos se tradujeron en los ajustes en salud, educación, salarios de miseria, etc.

El gobierno nacional se enfrentaba entonces a un nivel alto de conflictividad social y con el recuerdo reciente del Argentinazo de diciembre de 2001 y del proceso hiperinflacionario de los ´80, evaluó la inconveniencia de los tarifazos, a la vez que intentó encontrar una solución que beneficiara a las empresas. Esa “solución” fue el establecimiento de un esquema de “redistribución” de la renta basada en los subsidios estatales. Esta política del gobierno kirchnerista lo caracteriza plenamente, ya que en vez de reestatizar las empresas privatizadas aunque son casi todas ellas de carácter estratégico, optó por subsidiar a las empresas para que sigan siendo privadas y subsidiar también el consumo, por lo que estas grandes empresas fueron durante estos ocho años doblemente subsidiadas. La reestatización de las empresas estratégicas nunca estuvo dentro de las intenciones del gobierno, lejos de eso los K desde Santa Cruz fueron parte de la política de privatizaciones de las empresas del estado durante los ’90 con Menem.

En el año 2010 el 46% de los subsidios estaban destinados a estas empresas, privadas, públicas o mixtas.

El resto de los subsidios corrientes se destina al INSSJyP, a las Asignaciones Familiares, a las Universidades, Provincias y Municipios.

En cuanto a los subsidios a empresas públicas, se afectan mayoritariamente al sostenimiento de Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y ENARSA[3]. En el caso de las dos primeras, se trata de empresas estatales que fueron privatizadas en los años 90, reestatizadas después de 2001 luego de ser escandalosamente vaciadas. En el caso de ENARSA, se trata de una empresa creada por el gobierno kirchnerista, cuyo propósito principal es el estudio y la exploración de yacimientos de hidrocarburos, asumiendo la parte más costosa de las actividades que deben realizar las empresas del rubro, para luego concesionar (entregar a las multinacionales) la explotación de estos recursos.

Asimismo, en el rubro de empresas públicas se incluyen los fondos fiduciarios destinados a obras de infraestructura, que se construyen mayoritariamente en beneficio de la actividad de las empresas privadas y para extender y profundizar la continuidad del saqueo de nuestro territorio: canales de comunicación, fuentes y transporte de energía y vías para transporte de mercancías; todos en el marco del plan IIRSA[4], recordando que es un plan estratégico del imperialismo para todo Latinoamérica firmado en el año 2000 por todos los gobiernos menos Cuba.

A esto hay que agregar que la totalidad de la obra pública subsidiada así como grandes sectores de las tareas cumplidas por las empresas públicas, se prestan a través de empresas tercerizadas que son empresas privadas.

También hay que resaltar que en estas cifras no están contemplados otros subsidios que reciben las empresas, que se otorgan bajo el concepto de “transferencias de capital” y de las cuales es difícil obtener información certera.

En este marco, el ahorro de $ 500 millones en base a quita de subsidios al consumo residencial de servicios como la electricidad, el agua y el gas natural, si bien se intenta presentar por parte del gobierno como que alcanza a sectores que no lo necesitan, como los residentes en countries y barrios de clase alta, significará un ajuste directo al bolsillo de algunos sectores de la clase trabajadora, ya que el piso salarial establecido para dejar de recibir el subsidio es relativamente bajo. A cambio, el “ahorro fiscal” obtenido es realmente insignificante. Indirectamente los trabajadores pagaremos, con más explotación las boletas de luz, gas y agua de los residentes en countries y barrios de clase alta, pues los ricos siguen viviendo del trabajo de los pobres.

Por otra parte hay que resaltar que, si bien el gobierno nacional se atribuye el mérito de haber efectuado la “redistribución de la riqueza” en nuestro país, queda claro que tal redistribución se realiza entre los sectores de las clases dominantes y que los trabajadores son los grandes pagadores de la fiesta de los subsidios estatales.

Los límites del esquema de redistribución:

A partir de 2003, la suma total destinada a subsidios no paró de crecer. En el año 2006 sumaban $25.090 millones, para llegar en el año 2010 a $104.798 millones.

Como ya dijimos, los sectores privilegiados en el reparto de estos subsidios son las empresas, tanto públicas, mixtas, como privadas, que en 2010 se llevaron $ 47.877 millones en subsidios, el 46% del total, calculándose que a fines de 2011 el beneficio otorgado a estas empresas estará en el orden de los $ 80.000 millones, el 66 % del total.  O sea, los sectores empresariales no solamente han recibido cada vez más dinero público y lo seguirán haciendo, sino que además reciben una proporción cada vez mayor del total de dinero destinado a subsidios.

Asimismo, es de resaltar que este verdadero festival de subsidios se sostiene en gran medida gracias al permanente aumento en la recaudación originada mayormente el IVA, en los Derechos de Exportación y el impuesto al cheque.

La comparación entre lo recaudado por Derechos de Exportación (D.E.) y los subsidios otorgados a las empresas es un interesante parámetro de hacia dónde va el dinero del pueblo y a qué sectores se beneficia. En 2006 los subsidios a las empresas ($4.387 millones) representaban el 30% de los D.E. y en 2010 ambos montos fueron prácticamente iguales (aproximadamente $47.000 millones). Es decir que, en un lapso de 4 años, el gobierno triplicó la recaudación tributaria por D.E. (principalmente de soja) a la vez que incrementó en 10 veces la entrega de subsidios a empresas (incluidas las empresas exportadoras).

Tal como surge de las cifras expuestas, el esquema de redistribución de la renta que implican los subsidios estatales supone transferir dinero de la recaudación a una serie de destinos entre los que se destacan las empresas. Pero este esquema es cada vez más costoso, ya que implica una porción de la recaudación cada vez más alto. Si a esto se le suma que el contexto de la economía internacional es sumamente inestable, lo que pone en riesgo cierto al esquema de recaudación por exportaciones, podemos estar frente a un límite cercano del esquema de redistribución delineado en 2003. Esto es leído por el gobierno que en el Presupuesto 2012 aprobado 14 de diciembre de 2011 estima una importante caída del crecimiento de la economía nacional (PBI) desde 8,6 % al 5,1 %.

El constante aumento de los montos asignados a subsidiar a estos sectores de la economía responde por un lado a una voluntad política del gobierno nacional de favorecerlos, pero a la vez refleja el no admitido índice de inflación. La desactualización monetaria es uno de los factores más importantes en los tarifazos que se anuncian para este año. En el caso de los consumidores a los que se les quita el subsidio al consumo de ciertos servicios el tarifazo será mucho mayor. Sin embargo, esto no significa que el esquema de subsidios se altere en mayor medida, con lo que tenemos que el estado nacional seguirá subsidiando a las empresas y que además habrá aumento de tarifas e impuestos en todo el país que a su vez alimentará la inflación en el costo de vida de todos los trabajadores.-

Algunas conclusiones:

En nuestro país, muchas veces la decisión de otorgar subsidios a los sectores más pobres de la sociedad ha sido objeto de debate público. Sin embargo, la política de entrega de subsidios a los grandes intereses nunca ha sido discutida.

Una vez más, cuando el gobierno nacional habla de medidas supuestamente universales está hablando de medidas parciales. El recorte anunciado a los subsidios implica una parte ínfima dentro de la suma total de subsidios.

El esquema de “redistribución” del gobierno kirchnerista habla a las claras de su carácter de continuador de las políticas neoliberales de los años 90, ya que a través de él se posibilita a las empresas que fueron las grandes beneficiarias de la convertibilidad en los años 90 y de la crisis financiera del 2001, seguir ganando a manos llenas, ahora a costa de los subsidios del estado que paga el pueblo trabajador.

Pero asimismo, por diversos factores, entre ellos la no asumida inflación y la inestabilidad del mercado internacional, el esquema de transferencias de recursos obtenidos a través de la recaudación a las grandes empresas, puede estar llegando a su límite.

Ante esta situación:

Los trabajadores y el pueblo siempre hemos sido los que sostenemos las altas tasas de ganancias de los capitalistas. En el actual contexto nacional e internacional, en que la crisis desatada sobre Europa y EE UU también golpea y se profundiza en nuestro país, el propósito del gobierno y de sus mandantes es profundizar el modelo de saqueo y ampliar los márgenes de explotación, reprimiendo al pueblo organizado que lucha en contra de la depredación de los bienes comunes, la concentración de la propiedad de la tierra y por mejoras en las condiciones de vida, salud, educación y en contra de la precarización laboral.

Solamente la profundización del saqueo y la explotación le darán margen al gobierno para sostener el esquema de reparto de la riqueza del pueblo entre los sectores empresariales.

En este contexto, como pueblo, tenemos la tarea de la construcción de un proyecto de liberación nacional y social y de confrontación con el poder burgués. Es fundamental seguir abonando a la lucha y la organización, construyendo poder popular y revolucionario, desarrollando con más fuerzas todas nuestras políticas contra al orden hegemónico actual, en unidad de acción junto a otras organizaciones, otras compañeras y compañeros, decididos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con este sistema opresor y construir la sociedad nueva, sin explotadores ni explotados.

Crear conciencia para organizarnos

Organizarnos para luchar

Luchar para vencer por la Revolución Socialista!!!

[2] http://www.nexoinforma.com.ar/images/2011/03-11-2011/01-03-11-2011.htm

[3] Mas información acerca del reparto de subsidios por sectores: http://www.lanacion.com.ar/1423761-boudou y en http://fortunaweb.com.ar/2011-10-20-67206-se-gasta-lo-mismo-en-importar-combustible-que-en-la-asignacion-universal-por-hijo/

[4] Sobre el plan IIRSA ver http://actividadentrerios.blogspot.com/2009/04/iirsa-crisis-capitalista-region-centro.html