Corte del Puente Pueyrredón
SABADO 26 DE JUNIO, 12 hs
Hace 8 años que los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki están impunes. Los autores materiales fueron juzgados, pero los responsables políticos de los crímenes no solamente están en libertad, sino que siguen formando parte de una casta política que se reproduce a sí misma desde hace décadas.
Eduardo Duhalde quiere ser presidente en 2001; Aníbal Fernández es Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner; ambos pertenecen al Partido Justicialista; los dos representan una continuidad de las políticas represivas que llevan adelante los grandes grupos económicos para acallar las protestas populares que reclaman una vida digna y justicia igualitaria para todos.
Duhalde se mantiene en silencio sobre el asunto y diseña su eventual futuro presidenciable; Fernández es la punta de lanza y coordinador general, por el cargo que ocupa en el gobierno nacional, de la aplicación de las políticas que promueven el hambre, la miseria y la explotación en Argentina.
Desde los gobiernos nacional y provincial de Buenos Aires, se intenta usar la sangre de los caídos del pueblo para fines electorales. Cristina y Daniel Scioli apuntan a su principal adversario en las elecciones del 2011, tratando de tapar la desaparición de Julio López y Luciano Arruga, por ejemplo.
El gobierno que más cantidad de presos políticos tuvo desde 1983 en adelante se rasga las vestiduras manchadas de sangre del pueblo. El neuquino Sobisch está libre por la muerte de un maestro y quienes rompieron tres vidrios son condenados. Cristina firma convenios especiales con un Estado criminal como el de Israel, y quien protesta contra las masacres hacia los palestinos está preso. Rubén Lofiego, Mario Marcote y Ramón Vergara, tres criminales confesos de la última dictadura militar fueron liberados en Rosario, mientras a Karina Germano (La Gallega) se le niegan las salidas transitorias después de varios años de prisión efectiva. Fernando De la Rúa es absuelto y José Villalba sigue bajo prisión domiciliaria. Miles de criminales uniformados andan libres y sin causas en su contra, al tiempo que casi seis mil luchadores populares están procesados por exigir que se terminen las políticas de hambre. Mineras, pasteras, fábricas de todo tipo, contaminan el agua, la tierra y el aire y saquean recursos naturales y Cristina y Aníbal Fernández querellan a los habitantes de Gualeguaychú que quieren preservar su futuro y el de sus hijos. Las empresas despiden trabajadores con el amparo del Estado y los delegados y estudiantes que los apoyan son encausados por quejarse. Ese es el cuadro de situación que padecemos los argentinos.
Por eso insistimos en que sólo la lucha y la organización nos hará libres. Por eso vamos al Puente Pueyrredón el sábado 26 de junio a las 12 hs. Para reafirmar que la sangre derramada no será negociada. Para mostrar que estamos en pie. Y para advertirles a los enemigos del pueblo que si ellos nos declararon la guerra, estamos a la altura de aceptar el desafío.
Organizarse para luchar, luchar hasta vencer!


