Falta solo una semana para un nuevo aniversario de los asesinatos de los compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda a manos de la policía bonaerense, y desde el 17 de junio contabilizamos tres muertos más por la represión en Argentina.
Los hechos ocurridos en Bariloche son elocuentes: por un lado, el gatillo fácil, dos palabras que sintetizan la intención de aniquilar la pobreza y sus consecuencias sociales a balazos, y que determinaron el asesinato de Sandro Bonefoi; por otro, la represión a la protesta popular que causó hasta el momento dos muertos más. Para completar el cuadro, la respuesta del gobierno provincial de Río Negro (radical) y el gobierno nacional (PJ), es enviar más policías y unidades de Gendarmería para incrementar la represión y disuadir a quienes repudien activamente la matanza.
En estos últimos 7 meses fueron asesinados 4 militantes relacionados con cuestiones ambientales en nuestro país. Estas muertes como tantas otras vienen siendo silenciadas por los que gobiernan.
La escalada represiva en aumento que día a día recorre nuestra Patria con consecuencias tremendas que implican más procesados, más perseguidos, más presos políticos y más muertos, forma parte de una política continua y hasta tiene nombres y apellidos que son denominadores comunes entre el pasado y el presente.
Uno de ellos es Aníbal Fernández, Secretario General de la Presidencia en los tiempos en que Duhalde encabezaba la actividad represiva que provocó los asesinatos de Darío y Maxi, y Jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner en la actualidad, cuando una secuela de miseria, marginalidad y muerte caracteriza a la Argentina.
La criminalización de la protesta y el aniquilamiento de pobres como política de Estado expresa la intención de las clases dominantes de usar a sus fuerzas represivas, incluyendo al Poder Judicial, para contener la creciente indignación de nuestro pueblo.
Frente a los hecho de sangre consumados por el gobierno que representa a una parte de los grandes grupos económicos y a la oposición del mismo sistema que representa a otro segmento de esos mismos grupos, no queda otro camino que fortalecerse en la organización, aumentar los niveles de lucha y promover la unidad de los agredidos por el capitalismo para dar golpes más fuertes y certeros.
Esa guerra a veces solapada y otras abierta, se manifiesta en la prédica permanente del mantenimiento del “orden” injusto y también en amenazas constantes como la querella oficial contra el pueblo de Gualeguaychú; y cuando esto no alcanza, se impone a tiros a mansalva para eliminar finalmente a los rebeldes, sean éstos militantes organizados o no.
La represión contra los habitantes de Andalgalá (Catamarca) y de varias localidades salteñas por parte de sus respectivos gobiernos que responden a diferentes identidades políticas, muestran que no se trata de una iniciativa de un partido o una corriente política, sino de una cuestión de clase. En esto confluyen todos los integrantes del elenco político tradicional: quien no se acepte mansamente la explotación, la destrucción del medio ambiente, la marginación, la violencia estatal y las reglas de juego del sistema, será brutalmente reprimido.
Ante esa situación de hecho, no es posible hacerse los distraídos: o se comparte la resistencia activa a los ataques antipopulares o se está por acción u omisión a favor de mantener el estado de las cosas.
No queda ya otro camino que dar batalla, porque está claro que nos han declarado la guerra.