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El capitalismo ataca a los que no se rinden
El senado paraguayo, por iniciativa del presidente Fernando Lugo, votó por unanimidad aplicar el estado de excepción, durante 30 días, en 5 departamentos del norte paraguayo: Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.
De esta manera, las distintas facciones políticas del régimen capitalista que gobierna el país hermano coincidieron en dar vía libre a una masiva movilización de policías y militares en el norte del país con el objetivo de intentar exterminar al Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP) y reprimir a los pobladores que lo apoyen.
La base jurídica para comenzar las “operaciones antiguerrilleras” en Paraguay se asienta sobre la legislación antiterrorista que estuvo vigente en ese país durante más de cuatro décadas de la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Ese cuerpo legal fue actualizado en algunos de sus párrafos con el advenimiento del sistema electoralista hoy vigente, pero mantenido en su esencia.
Los artículos 79 y 181 de la legislación represiva stroessnerista, autorizaban a aplicar el estado de sitio o excepción en caso de “conflicto o guerra internacional, de invasión exterior, de conmoción interior, o de amenaza grave de uno de estos hechos”, en todo el país o en regiones determinadas y durante su vigencia se podía “detener a las personas indicadas de participar en alguno de esos hechos, o trasladarlas de un punto a otro de la República, y prohibir reuniones”.
Básicamente, los conceptos y basamento legal del estado de sitio impuesto actualmente son los mismos que los indicados arriba y tienen un notable parecido con la Ley de Defensa de la Democracia vigente hoy en Argentina.
Por otra parte, los cinco estados afectados son sugestivamente los que rodean al estado de Boquerón, donde se encuentra emplazada la Base Mariscal Estigarribia, el enclave elegido por Estados Unidos para instalar a 2.000 militares y es el lugar donde cuentan con una de las pistas e infraestructura suficiente para el aterrizaje masivo de aviones de transporte de tropas, blindados y material bélico en general.
Un estado de excepción que no es excepcional
Los sucesivos gobiernos han mantenido un permanente control y hostigamiento al campesinado y trabajadores rurales locales, con asesinatos, secuestros, intimidación y torturas como método usual, para tratar de impedir la organización y movilización popular, las protestas, las denuncias y las críticas.
Ahora, en todo caso, lo que se cercena es la posibilidad de denunciar esos hechos aberrantes o de organizar protestas populares contra la represión, al tiempo que se justifica el traslado de tropas militares desde otros puntos del país para aplicar los métodos que se usaron en los tiempos de vigencia de la “doctrina de Seguridad Nacional” en casi toda América latina.
El presidente Lugo, bajo el frágil paraguas de un discurso autodenominado “progresista”, es quien conduce esta operación político-militar contra los combatientes, colaboradores, simpatizantes del EPP y contra todos aquellos que compartan con ellos uno o varios de sus objetivos políticos o reivindicativos.
Con el apoyo de la izquierda del capitalismo paraguayo, Lugo acusó al EPP de ser “funcional a la derecha”, mientras la política que su gobierno aplica no solamente impulsa la explotación de los trabajadores urbanos y rurales, sino que le abre las puertas al ingreso de tropas yanquis en el país. Por lo que la política del mismo Lugo no es funcional, sino, es de derecha. Como una muestra más de su alineamiento tras las doctrinas de ocupación norteamericanas, Lugo, la oposición sistémica y los medios locales, han comenzado a agitar el fantasma del narcotráfico para relacionarlo con la actividad guerrillera del EPP, de la misma manera que lo hace Uribe en Colombia con las FARC.
La sola existencia de un proyecto político que plantee cambios profundos en la estructura económica, política y social, y de organizaciones que lleven adelante una práctica revolucionaria coherente, tiene como respuesta inmediata la represión por parte de toda la estructura opresora del estado burgués.
Ese es el caso del EPP hoy en Paraguay, como lo es en diversos países del continente, y lo será en toda nuestra región en la medida en que cada pueblo llegue a dotarse de estructuras, direcciones y estrategias de lucha por el poder, capaces de hacer temblar hasta los cimientos de un sistema, el capitalismo en cualquiera de sus variantes, que ha demostrado durante más de un siglo su carácter inhumano y brutal.
Por nuestra parte, en Argentina, es necesario ratificar el compromiso de solidaridad con los hombres y mujeres del pueblo que han decidido no poner la otra mejilla ante la barbarie en cualquier parte del mundo, y muy especialmente en el teatro de operaciones elegido por el imperialismo para profundizar la miseria de las mayorías e impedir la instauración de la justicia a través del socialismo en toda nuestra América.